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¿Prisión por tiempo indefinido equivale a "cadena perpetua"?
Por J.ALBERTO MATSUMOTO
Publicado en INTERNATIONAL PRESS-Edic. en Español, Nº 642, 22 de julio de 2006

Hace unas semanas se dictó sentencia en el caso de asesinato y muerte por ultraje forzado de Airi Kinoshita provocado por el peruano José Manuel Torres Yagi (34 años), a quien el fiscal había pedido la pena de muerte (shikei), y los jueces sentenciaron a prisión por tiempo indefinido (muki choeki). A este efecto, la fiscalía apeló dicha sentencia ante el Tribunal Superior de Hiroshima para que sea revisado el caso, y en esta segunda instancia se logre la pena de muerte.

Los padres de la víctima exigieron esta pena máxima contemplada en el artículo 11 del Código Penal de Japón pues dieron a publicidad a través de los medios de que su hija de 7 años había sido acosada sexualmente antes de ser asesinada. Señalaron que había sido muerta dos veces, una por ese acto de ultraje forzado, y otra por haberle quitado la vida.

La razón de esta exigencia, además del dolor y la indignación que todo padre puede sentir en un caso similar, fue la de que la pena de prisión por tiempo indefinido -contemplado en el artículo 9 del mismo código- no significa cadena perpetua (shushin-kei). Al presente, los sentenciados por delitos graves y muy graves con esta pena que parece "perpetua", según el artículo 28 pueden gozar de la excarcelación anticipada pasado los 10 años de prisión si muestran arrepentimiento, buen comportamiento en el establecimieno, y demás condiciones que la reglamentación penitenciaria establece. De hecho, muchos reos logran su libertad mucho antes de terminar su condena.

Los que lograr gozar de este beneficio quedan bajo una suerte de libertad condicional y en observación (hogo kansatsu), con la obligación de dar cuenta de su domicilio y reportando periódicamente el lugar donde trabajan y las relaciones sociales que mantienen, sin embargo, no todos son los que se reinsertan debidamente en la sociedad y no son pocos los que vuelven a delinquir o quedan atrapados en la red delictiva por falta de oportunidades de trabajo y comprensión familiar. Además, cuando se trata de delitos sexuales contra menores, uno de cada cuatro delincuentes tiene antecedentes previos y generalmente reincide. En el caso del acusado Yagi también poseía antecedentes por delito sexual y una causa pendiente en el Perú, pero que la fiscalía de Hiroshima no los presentó como pruebas, tal vez por falta de tiempo o por las dificultades técnicas - legales de homologar las pruebas.

De todos modos, existe una jurisprudencia bastante fuerte de que cuando la víctima es solamente una sola persona no es usual que se condene a muerte sino a prisión por tiempo indefinido; aunque el aumento de los delitos sexuales con asesinato está creando en el ambiente judicial una clima de revisión de este criterio para aplicar la pena capital o por lo menos que se crea el concepto de cadena perpetua sin excarcelación, como muchas de las familias de las víctimas están exigiendo.

Según una encuesta realizada por la Oficina del Gabinete el año pasado, el 81.4% de los encuestados aprueba la pena de muerte y solamente el 6% la rechaza. También señala que el 60% cree que si es abolido aumentarían los crímenes más graves.

El artículo 11 estipula que dicha pena debe ser ejecutada en prisión y en la horca. Desde que la sentencia queda firme, el Ministro de Justicia es el que debe ordenar su ejecución en un plazo de 6 meses, aunque como existen diversas instancias de apelación no es usual que se ejecute en dicho plazo, salvo excepciones donde no existen dudas de la crueldad de todos los crímenes cometidos y demostrados, y que la defensa no presenta ninguna apelación administrativa.

Según estudios realizados por organizaciones de derechos humanos en 83 países del mundo existe la pena de muerte.

La lucha de Alberto Stocki: En mayo de 2004, Alberto Stocki, de nacionalidad italo-suizo con residencia en Kioto, perdió a su esposa e hija (entonces de 12 años) por un incendio provocado por un ladrón. El autor del hecho fue arrestado y procesado por asesinato e incendio intencionado donde el fiscal pidió la pena de muerte; sin embargo, la sentencia del Tribunal de Miyazaki en junio del año pasado fue de "Prisión por Tiempo Indefinido (muki choeki)". El acusado tenía ya antecedentes por robo y otros delitos.

A este efecto, Alberto comenzó una campaña de concientización para reformar el código penal de Japón y se incorpore la pena de "cadena perpetua (shushin-kei)" para evitar que los reos de delitos tan graves salgan beneficiados con la libertad anticipada. Desde hace un año está realizando giras por todo el país con su motocicleta dando charlas en escuelas, iglesias, asociaciones, medios periodísticos y radiales, para juntar firmas, que actualmente ya van por los 45.000. Su idea es lograr las 100.000 firmas y elevarlo al Ministro de Justicia. El día 12 de julio pasado dió una conferencia de prensa en la Sala de Periodistas Judicial solicitando la colaboración de todos los ciudadanos.

MUSASHI Nº 52, Mayo-Agosto de 2006.
© J.Alberto Matsumoto-IDEA NETWORK

 
 
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