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La desastrosa inmigración japonesa a la República Dominicana

El pasado 6 de junio el Tribunal de Tokio determinó la responsabilidad de los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y el de Agricultura por no haber realizado la debida y adecuada tarea de relevamiento previo de las tierras donde iban a asentarse los colonos japoneses, por lo que los jueces dictaminaron que hubo negligencia en las responsabilidades de funcionario público. Sin embargo, los jueces no admitieron el pago de las indemnizaciones solicitadas por la demanda, de unos 3.200 millones de yenes (unos 30 millones de dólares) para las 170 personas que compusieron la demanda, dirigido por Toru Takegama, de 68 años de edad, por estar prescripto.

Desde 1955 al 59, en esos duros años de la posguerra donde Japón no podía aun ofrecer suficiente oportunidad a muchos de sus ciudadanos, el gobierno emprendió un programa migratorio a varios países de América Latina, incluyendo la República Dominicana. Muchos sabían, por la experiencia de la inmigración preguerra, que no era fácil "hacer la América" en otros países, pero por otra parte también era cierto que muchos casos exitosos en Brasil, Argentina y otros países de la región eran suficiente motivo para arriesgarse a una aventura de esta naturaleza y transformarse en propietario de un campo para cultivo.

Propiciado por el gobierno de Japón se logró reunir 249 familias, unas 1.319 personas, que emigraron a este país del Caribe que en realidad es una isla que linda con Haití. Según lo convenido con el gobierno receptor se le iba a entregar gratuitamente 18 hectáreas de tierra para el cultivo y una asignación hasta lograr las primeras cosechas. Las expectativas eran grandes y muchos pensaron que podían hacer realidad sus sueños. Sin embargo, las tierras que le fueron entregados eran totalmente inaptas para cualquier tipo de cultivo por su excesiva salinidad. Los colonos se quejaron ante su Consulado y el resultado fue que lo ubicaron a terrenos aun en peores condiciones, obligando a casi la mayoría, para sobrevivir, reubicarse en otros países bajo la recomendación de las autoridades japonesas. En un par de años casi la mayoría, un poco más del 80%, optaron por ir a Brasil, Paraguay, Bolivia y la Argentina, y otros con alguna ayuda familiar pudieron retornar, aunque muy frustrados y con ira, a Japón.

Los que se quedaron pensaron que el gobierno de su país haría algo para remediar este "error". La superficie que se había repartido era apenas la tercera parte y tenían solamente el derecho a cultivarla pero no a ser propietario. Nada se había cumplido del "contrato" que había pactado.

El "paraíso del Caribe" se había transformado en un verdadero infierno. Pasaron más de 40 años esperando algún cambio. Muchos murieron en esa espera. El gobierno japonés dió ciertas ayudas indirectas a los colonos para que pudieran tener establecimientos educativos para el aprendizaje del japonés, para sus actividades recreativas, becas para los hijos, soporte médico, capacitación profesional en Japón, envío de jóvenes voluntarios para la comunidad, etc., y con gran esfuerzo muchos de los descendientes, los nissei, han logrado insertarse en la sociedad dominicana en importantes profesiones. Algunos funcionarios de la JICA-Agencia de Cooperación Internacional de Japón- como de algunas fundaciones y entidades públicas ofrecieron lo mejor de sí, a veces más de lo que el deber como funcionario les obligada, tal vez por pena y por verguenza de lo que habían hecho otros. Los colonos no dejaron de agradecer estos gestos, pero nunca dejaron de pensar que en algún momento su gobierno, más precisamente el Ministerio de Relaciones Exteriores, les daría una solución definitiva y que reconocerían su error.

En el año 2000, viendo que el gobierno japonés no iba a dar ninguna respuesta concreta para resolver este "error" los sobrevivientes de este desastroso plan migratorio decidieron demandar al Estado japonés ante el Tribunal de Tokio. No fue una tarea fácil acordar esta decisión pues eso provocó la ruptura entre ellos mismos. Para los inmigrantes era demasiado dolor tener que demandar judicialmente a su patria, pero necesitaban saber por qué y bajo qué circunstancias había ocurrido este problema.

El juicio duró 6 años donde los mismos colonos declararon en persona y otros, por razones de salud y falta de recursos, a través de declaraciones juradas por escrito que fueron enviados como prueba testimonial. Muchos de los funcionarios públicos de aquel entonces también fueron llamados a declarar, algunos de ellos ya retirados pero que ocuparon altos puestos en el gobierno.

Los jueces dictaminaron que hubo un acto ilícito en la decisión de enviar a sus compatriotas a dicho país pues los funcionarios que estaban a cargo del estudio de factibilidad no realizaron debidamente los relevamientos respectivos ni tomaron los debidos recaudos que exigía un programa de esta naturaleza. Sin embargo, en cuanto a la demanda por daños y perjuicios, por haber pasado 20 años, entendieron que estaba prescripto.

A pesar de esta parcial victoria la demanda decidió apelar al Tribunal Superior de Tokio, dejando margen a una conciliación si el gobierno japonés daba disculpas públicas en nombre del Primer Ministro y que los recibiera él mismo, como así también si pagaban algún tipo de compensación para los 1.300 colonos que sufrieron esa pesadilla.

Este año festejan el 50º Aniversario de la Inmigración Japonesa a la República Dominicana, y los sobrevivientes como sus descendientes, más allá de este enfrentamiento judicial, anhelaban acordar un arreglo y hacer las paces con el gobierno japonés.

El pasado 13 de julio, el Estado japonés aceptó las condiciones de la conciliación comprometiéndose también a un pago en concepto de asignación por los sufrimientos (mimaikin), cuyo monto oscila de 500.000 a 2 millones de yenes para cada persona, según si es el sobreviviente o el heredero y según si ha sido parte o no de la demanda.

El Primer Ministro Koizumi también ha mostrado sumo interés en cerrar este capítulo negro de la burocracia japonesa por lo que el pasado 21 de julio recibió a los demandantes y ofreció sus disculpas por todo el sufrimiento que el Japón, su patria, les había causado. La Oficina de Gabinete ha jugado un papel importante para resolver este tema de manera más política, pues los sobrevivientes siendo personas de edad avanzada no era deseable para el gobierno de Japón dejar una situación inconclusa para con sus compatriotas inmigrantes.

Para los festejos del 50º Aniversario de la Inmigración a este país que se celebró el día 29 pasado, Koizumi nombró como enviado especial al ex-Ministro de Trabajo, Salud y Bienestar Social, Hidehisa Otsuji, como representante del gobierno de Japón, quien ha anunciado algunas medidas de apoyo complementario para los inmigrantes y sus descendientes en este país.

http://www.dominica.jp/
http://www.geocities.co.jp/NatureLand-Sky/8951/imin4.html
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/dominikaiminn.htm

MUSASHI Nº 52, Mayo-Agosto de 2006.
© J.Alberto Matsumoto-IDEA NETWORK

TEMA REALCIONADO: Historias parecidas hubo también en otros países
- Comentario sobre la obra "WILD SOUL", de Ryosuke Kakine, Editorial Gentosha -

 
 
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