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Mayor pena para los extranjeros indocumentados

Desde hace algunos años se observa una tendencia de las autoridades migratorias a reforzar los medios legales y operativos para controlar y expulsar a los extranjeros indocumentados o en situación irregular. El hecho de facilitar la denuncia de ilegales a través de la web ha provocado polémica y las autoridades han tenido que sacar este medio de denuncia, pero de hecho existen al año innumerables denuncias, muchas veces anónimas, de los mismos extranjeros indicando los lugares de trabajo y residencia de los indocumentados.

Tanto las organizaciones civiles de ayuda a los extranjeros como los de derechos humanos suelen tomar la posición de que los indocumentados tienen los mismos derechos que los demás y que deben tener la posibilidad de habitar y trabajar en este suelo. Sin embargo, el mundo de hoy como la de antaño no siempre ha facilitado la movilidad y permanencia de los extranjeros en tierras ajenas. Lo que sí ha habido y existe son medidas extraordinarias como la aministía y procedimientos especiales para regularizar un indocumentado. De cualquier manera ninguna de las dos son medidas sencillas y usualmente requieren de muchos años de esfuerzo y recursos económicos para obtener un status de visa que les permita vivir con más tranquilidad y gozar de los mismos derechos y obligaciones que un ciudadano extranjero común.

En el caso de Japón prácticamente no existe la palabra amnistía para los extranjeros, pues la única forma de que un extranjero indocumentado pueda lograr su regularización es solicitar el PERMISO ESPECIAL DE RESIDENCIA (zairyu tokubetsu kyoka) ante el Ministro de Justicia, trámite que debe ser realizado a través del Dpto. de Migraciones. Algunos han intentado solicitar la categoría de refugiado (nanmin) pero con muy pocos resultados.

En el Ministerio de Justicia se está evaluando un proyecto de reforma a la actual ley de migraciones para aumentar las multas (ahora la máxima es de 300 mil yenes) y el período de no ingreso de los deportados que actualmente es de 5 años para ampliarlo a 10 años. Sin embargo, para aquellos indocumentados que se presentan voluntariamente ante Migraciones y no poseen ningún otro asunto penal pendiente se está evaluando bajar el período de no ingreso de 5 a 1 año para que puedan tener la posibilidad de rehacer sus vidas en Japón (máxime cuando existen compromisos matrimoniales o hijos con conciudadanos japoneses).

De todos modos, en esta nueva propuesta se preve hacer más riguroso los controles a los estudiantes extranjeros que en vez de estudiar vienen a trabajar, a los que vienen de entrenamiento y en realidad trabajan como mano de obra barata en tareas muy poco calificadas y a los que son descubiertos por desembarco ilícito (los que no entraron legalmente por ningún aeropuerto o puerto) para evitar que infrinjan los verdaderos objetivos de estadía. También se dice que va a ver una mayor exigencia en los matrimonios con japoneses para verificar si se trata de un "casamiento arreglado" o no.

Paralelamente, las autoridades señalan que se va a flexibilizar la solicitud de los refugiagos permitiendo que el solicitante pueda permanecer provisoriamente en Japón mientras dura la tramitación.

La realidad es que cada caso particular tiene sus argumentos y es muy posible que desde el punto de vista humanitario merezca una especial consideración, pero tampoco hay que desconocer que la proporción de delitos dentro de los indocumentados es mucho mayor que en el de los que tienen visado y se observan maniobras muy sutiles en aquellas organizaciones que aprovechando cierto status de visa como el de los estudiantes (shugaku, ryugaku) o el de entranamiento (kenshu) filtran personas que vienen solamente para delinquir y provocan mayor inseguridad.

(c) JAM- MUSASHI-N 45, ENERO-ABRIL DE 2004.-

 
 
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