Cuando un país empieza a depender de deudas, tanto interna como externa, cada vez se hace más difícil destinar fondos para las nuevas prioridades, y eso puede provocar retrasos significantes en el acondicionamiento de las infraestructuras para afrontar los nuevos desafíos tecnológicos e industriales. Además, puede afectar muy negativamente en el pago de las futuras jubilaciones y en todo el sistema de seguridad social.

La deuda acumulada del Estado japonés, incluyendo la de las provincias y municipalidades, actualmente es de 645 billones de yenes (540 billones de dólares), un 30 % más que el PBI de Japón, o sea, que la deuda supera todo lo que Japón produce, elabora y consume en un año. Se dice que esta situación deficitaria de alto riesgo, casi terminal, es muy parecida a la de la finalización de la dinastía Tokugawa en 1850 al 68, o a la registrada en plena Segunda Guerra Mundial, en 1943. Esta deuda abismal, para serlo más gráfico, equivale a que cada habitante de este país tiene una deuda de 5,4 millones de yenes (unos 45.000 dólares).

Un grupo de expertos, liderados por el profesor Hiroshi Ibori de la Universidad de Tokyo, en su informe elaborado para la Agencia de Planificación Económica señala, que para hacer frente, en las actuales condiciones, a esta deuda, se requiere incrementar el impuesto al consumo del 5 al 35 % durante 100 años; para reducir la deuda a niveles que no superen el PBI, al 30 %, etc.

En fin, juego de números hay mucha, pero lo cierto es que un incremento de los impuestos indirectos y de las cargas sociales (salud y jubilación) parecen ser inevitables a corto plazo. No en vano, las familias japonesas no dejan de ahorrar y asegurarse a seguros de jubilación privada para complementarlo con la jubilación del sistema público que, cada vez más reducen paulatinamente el monto a cobrar a los futuros jubilados y retrasan, también, la edad de cobro (de 60 a 65 años de edad).

(Boletín MUSASHI Nº12, ENERO 2001.

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